CEPAL REPORTA AUMENTO DE GASTO PÚBLICO POR HABITANTE EN AMÉRICA LATINA

16 de noviembre, 2007 Las alzas sostenidas en el gasto público social como porcentaje del PIB regional que venía observando América Latina hasta el año 2002 se desaceleraron en concordancia con el elevado crecimiento del producto por habitante en el periodo 2003-2007, que alcanzó más de 3% anual.

Así lo indicó un informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), y agregó que esto ha permitido a la mayoría de los países de la región asegurar los equilibrios macroeconómicos sin dejar de expandir sus gastos sociales para atender los problemas de desempleo, pobreza e indigencia.

Según el documento, en los últimos años el gasto público social como porcentaje del PIB tiende a converger hacia el 16% del PIB. En concordancia con la fuerte recuperación del crecimiento en ese periodo el gasto público social per capita aumentó 10%. Sin embargo, persisten importantes diferencias entre países explicadas, con pocas excepciones, por sus distintos niveles de desarrollo económico. Sólo cinco de los veintiún países analizados asignan recursos por sobre el promedio regional.

Sin embargo, la institucionalidad que determina el nivel y la estructura del gasto público social, y que condiciona el efecto sobre la pobreza y la desigualdad de la política social, deja aún mucho que desear. Si bien los gastos incrementan notablemente el nivel de bienestar de los más pobres, y tienen un impacto significativo sobre la desigualdad, su nivel es muy limitado como para contrarrestar la inequidad originada a partir de los ingresos primarios.

A su vez, los aumentos de los últimos años han priorizado el área de seguridad social, donde el impacto distributivo es menor. Los aumentos en los sectores de la educación, salud y asistencia social, que es donde el impacto distributivo es mayor, han sido relativamente menos importantes.

El informe de la CEPAL señala que varios países deben realizar todavía un esfuerzo por revertir el comportamiento pro cíclico del gasto público social para poder mantener un sistema estable de protección social para la población más vulnerable.

Fuente: Organización de las Naciones Unidas

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