Una parte importante de la población en América Latina vive niveles de pobreza extrema, sin posibilidades de acceso al mínimo bienestar y ello constituye una violación, no sólo de derechos individuales, sino de derechos colectivos, sociales y económicos, aseguró el doctor Jaime Eduardo Estay Reyno, catedrático e investigador de la Facultad de Economía de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.
Durante su exposición en la cátedra “Aplicación de los Derechos Humanos en América Latina”, en el auditorio Elena Garro de la Facultad de Filosofía y Letras, el Académico afirmó que existen serias deficiencias y ausencias en la aplicación de los derechos humanos en América Latina.
“Creo que en el ámbito de los derechos económicos, sociales y culturales hay grandes problemas y que el tipo de funcionamiento de los países de América Latina y sus economías, a lo que empuja, es a una sistemática violación de esos derechos”, indicó.
Estay Reyno, puntualizó que el panorama en la aplicación de los Derechos Humanos en América Latina no es bueno, por tanto es necesario generar mecanismos que permitan su aplicación real y puedan ser ejercidos a plenitud.“La desigualdad social ha generado condiciones que multiplican los niveles de pobreza, pues es evidente que se asumen compromisos de carácter internacional, que sólo benefician a los países más ricos”, dijo.
Puntualizó el caso de los medicamentos, donde los países avanzados que representan a grandes empresas y laboratorios, evitan la producción de genéricos que son de menor costo, dificultando a las naciones pobres poder acceder a éstos, volviéndose un serio problema de salud pública ante pandemias como el SIDA.
Comentó que este caso forma parte de un largo litigio, en el que lo único que se ha logrado es que los costos de los medicamentos se reduzcan de un 20 a 30 por ciento, cuando su producción representa sólo el uno por ciento.
“Es responsabilidad de los gobiernos generar condiciones adecuadas para que se ejerzan los derechos humanos, condiciones que deberían ubicarse en el primer lugar de su lista de prioridades, por lo que es necesaria una reformulación de las bases del orden internacional y redefinir por completo los principios en que se apoya la relación entre los propios países latinoamericanos”, agregó.
Jorge Mansilla Torres, representante de la Embajada de Bolivia, aseguró que la constitución de cada país contiene toda la garantía, la fuerza y los argumentos para hacer respetar los derechos, pero esto es sólo en el texto.
“Todas las constituciones de América Latina deberían ser instrumento para el respeto a los Derechos Humanos, sin embargo, son tratados de ciencia ficción y fantasía”, refirió.
Dio a conocer la conformación de una constitución novedosa en Bolivia, resultado de un año tres meses de trabajo, en la que participaron 250 delegados indígenas, para sacar de la clandestinidad a una nación con 36 etnias, que representan el 62 por ciento de la población indígena que no era tomada en cuenta, tras 182 años de la República en Bolivia.
Reconoció que esa constitución, que supone un dechado de los derechos humanos, está siendo resistida incluso con amenazas de separatismo por el sector tradicional de Bolivia, la oligarquía y las burguesías tradicionales que no aceptan que ese 62 por ciento de indígenas se integren a la República.
Por último dijo que la constitución deberá ser sometida a referéndum en Bolivia para aprobarla y que entre en funcionamiento, pues la democracia es discusión, es diálogo, acuerdo y que están en esa pugna.
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