· Sería un incentivo que obligaría a ser revisadas las reformas política y económica, señaló Rolando Cordera, académico de la Facultad de Economía de la UNAM
· Advirtió que el gran déficit de la democratización del Estado es su permanente descuido del tema social
· El profesor de la FE, Jesús Rodríguez, manifestó la necesidad de ajustar las leyes laborales a la realidad actual
La insuficiencia patente y continuada de una reforma económica y la nula cooperación entre los poderes en materia política, podrían ser revisadas si el país entrara en una discusión seria y a fondo sobre el cambio social que necesita el Estado, afirmó el académico de la Facultad de Economía (FE) de la UNAM, Rolando Cordera Campos.
La tercera reforma del Estado que falta en México es la social, porque implica modificaciones importantes en lo jurídico, lo organizativo y, en consecuencia, en lo institucional en general, subrayó el especialista al participar en la Primera Reunión Trimestral del Centro de Modelística y Pronósticos Económicos (CEMPE) de la FE, que trató el tema Las reformas en el 2008.
Ante académicos y estudiantes reunidos en la Sala David Ibarra Muñoz, Rolando Cordera advirtió que el gran déficit de la democratización del Estado es su permanente descuido del tema social, profundizado y ampliado si se toma en cuenta que la pobreza se ha vuelto cada vez más urbana.
Las modificaciones sociales, recalcó, serían incentivos que obligarían a las reformas económica y política a ser examinadas, porque por ellas mismas “no tienen muchas ganas de hacerlo”, a pesar de no haber cumplido con su objetivo.
En la mesa moderada por el académico de la FE, Hugo Contreras, el profesor Cordera Campos puntualizó que la impresión que da es haber creado una situación de empate entre los actores económicos y los políticos que viven una situación “de pasividad, de crecimiento lento y con mucha estridencia política, pero que no implica mayor cosa para los actores involucrados”. Por ello, dijo que se necesita un estímulo desde afuera.
La reforma social, insistió, podría inducir a la colectividad y a sus fuerzas políticas a pensar en el conjunto de las reformas. El economista, consideró necesario crear mecanismos de exigibilidad de los derechos sociales, es decir, justiciables, y cuyo cumplimiento puede ser reclamado ante el juez. Esto, llevaría a revisar el juicio de amparo y avanzar en otros mecanismos institucionales y de corte jurídico.
Además, resaltó, se requiere el blindaje, proteger ciertos rubros del gasto social de los vaivenes de la macroeconomía, para que no sea el primero que pague estos movimientos, porque siempre ha sido el “pagano”.
Otro aspecto fundamental que para el miembro de la Junta de Gobierno se debe tomar en cuenta, es la participación social planteada como un objetivo a ser institucionalizado, pero que no debe ser confundido con un reclamo o movilización puntual.
Antes, explicó que las reformas económica y política del Estado han sido criticadas. La primera no rinde los frutos prometidos ni los resultados necesarios, por la situación social de México y su demografía.
No hay crecimiento económico alto y sostenido como requiere la desigualdad y pobreza del país, y la demografía caracterizada por su transición a una nación de jóvenes adultos, que requieren empleo y educación superior, abundó.
La reforma política, por su parte, sostuvo, no ha mantenido una buena relación de cooperación y conflicto en los cauces previsibles y manejables entre los poderes del Estado. Lo que se vive es una especie de empate que deteriora la imagen de la política plural democrática y corroe a los actores de la democracia, los partidos y los poderes.
A su vez, el también profesor de la Facultad de Economía, Jesús Rodríguez, se refirió a la reforma laboral y manifestó la necesidad de ajustarla a la realidad actual.
Luego de cerca de 20 años de debate y discusión, explicó, hasta la fecha no se ha llevado a cabo ninguna modificación a la Ley Federal del Trabajo ni al artículo 123 constitucional, pese a que en 2002 se presentaron dos iniciativas consideradas de las mejor acabadas: una del Congreso del Trabajo y el Consejo Coordinador Empresarial, llamada “Ley Abascal”, y la otra de la Unión Nacional de Trabajadores y del Partido de la Revolución Democrática.
Una tercera postura, dijo, es la de los sindicatos y los organismos que están en contra de cualquier cambio y prefieren que las leyes laborales se mantengan como hasta ahora, pero como es una legislación de los años 70, están desfasadas.
Sin embargo, expuso Jesús Rodríguez, por medio de los contratos colectivos de trabajo las empresas ponen en práctica modificaciones a la legislación laboral con acuerdo de los trabajadores y sindicatos.
Ejemplo de ello, concluyó, es que en algunos casos los obreros permiten la disminución de sus salarios para evitar el despido, o la polivalencia y formación de círculos de calidad para mejorar a las industrias, a cambio de bonos de productividad, que no está previsto en la ley.
Créditos: Universidad Nacional Autónoma de México (www.unam.mx)
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