· La especialista del IIS de la UNAM, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, dijo que no se puede considerar democrático a un Estado que no cuente con este tipo de provisiones
· La cultura de la transparencia es un proceso que se construye en el largo plazo, afirmó la directora del Instituto de Investigaciones Sociales, Rosalba Casas Guerrero
- Intervinieron en el Seminario Internacional Avanzar ¿Hacia dónde? Oportunidades y riesgos de las reformas de segunda generación a las leyes de transparencia y acceso a la información
El respeto del derecho a saber, constituye hoy un ingrediente fundamental para alcanzar una nueva institucionalidad, que exige hoy la vida nacional, afirmó la especialista del Instituto de Investigaciones Sociales (IIS) de la UNAM, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros.
No se puede considerar democrático a un Estado que no cuente con este tipo de provisiones, con información gubernamental y acceso a ella, además de mecanismos de transparencia, que oxigenen la función pública y las tareas básicas de la sociedad, agregó.
La experta intervino en el Seminario Internacional Avanzar ¿Hacia dónde? Oportunidades y riesgos de las reformas de segunda generación a las leyes de transparencia y acceso a la información, donde la directora de esa entidad, Rosalba Casas Guerrero, expuso que la cultura de la transparencia es un proceso que se construye en el largo plazo, sobre todo en una realidad como la mexicana, en la que han predominado formas de conducir los asuntos públicos carentes de rendición de cuentas.
La titular del IIS resaltó la necesidad de ligar ese tema con la formación escolar para combatir la corrupción. “Si se quiere que funcionarios, políticos y servidores públicos actúen de manera clara y proporcionen información a los ciudadanos, se debe generar la cultura de la transparencia desde los niveles educativos más elementales y desde la gestión institucional más simple y acotada”.
De igual forma, celebró la realización de este Seminario, donde se siguieron los pasos dados en ese terreno en México y se compararon con lo que pasa en otros países y regiones del mundo, principalmente en Europa, Estados Unidos y Canadá.
Asistieron representantes del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), partidos políticos, universidades, así como académicos de EU, Canadá, Irlanda y Nueva Zelanda.
Al retomar su exposición, Sandoval dijo que hace dos décadas, sólo diez naciones tenían leyes en este ámbito. A la fecha ha habido un incremento y el dato más reciente indica que alrededor de 70 países cuentan con este tipo de instrumentos.
En el ámbito internacional, el discurso de la transparencia puede ser catalogado como una moda, “pero en democracias como la nuestra, no puede ser simplemente eso, una idea pasajera”. Tiene que estar concebido como una herramienta fundamental en el empuje de la rendición de cuentas, del combate a la corrupción, del establecimiento de una institucionalidad democrática mucho más franca y con participación cívica.
Se está, refirió la también directora del Laboratorio de Documentación y Análisis de la Corrupción y la Transparencia de esa entidad, ante un episodio histórico: la reforma al artículo sexto constitucional, que otorgó un respaldo legal a esta actividad y, al mismo tiempo, la transparencia en una obligación para los gobiernos de cualquier entidad.
No obstante, resaltó, así como es necesario celebrar los avances, se requiere señalar los retrocesos y las oportunidades perdidas. Sin lugar a dudas, una de ellas fue no incluir a los partidos políticos como sujetos obligados.
Por su parte, el director Ejecutivo de Fundar: Centro de Análisis e Investigación, Jorge Romero León, expuso que a raíz de la reforma constitucional, está en el aire la discusión sobre los cambios de segunda generación de la ley federal respectiva, además de los ajustes necesarios a las disposiciones locales en todas las entidades, algunas de las cuales no cumplen con los estándares establecidos.
En este contexto, y ante el riesgo siempre prevaleciente de retroceder, el Seminario buscó extraer lecciones específicas de la experiencia internacional, aportar elementos para construir y continuar los avances, establecer las bases y mecanismos para hacer del acceso a la información un hecho plenamente realizado.
Es necesario crear un sistema de incentivos y contrapesos claros que permitan mediar eficazmente entre la protección de los derechos de privacidad e información. De la misma forma, es necesaria una reforma que incorpore el diseño inteligente de mecanismos y recursos para hacer realidad los principios de participación ciudadana, concluyó.
Créditos: DGCS Universidad Nacional Autónoma de México (www.dgcs.unam.mx)
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