sábado, 19 de julio de 2008

DEBERÍA CONSIDERARSE A LA CASTRACIÓN QUÍMICA COMO UNA MEDIDA DE SEGURIDAD


· El académico de la Facultad de Derecho de la UNAM, Pablo Sergio Rebollo Murguía, señaló que este método ha probado su eficacia en países europeos

· Sería susceptible de aplicarla especialmente contra delincuentes sexuales

· Desde 1993 se han utilizado en Suecia, donde la tasa de reincidencia es del cinco por ciento, que contrasta con el 70 por ciento a quienes no se les suministra el fármaco, aseguró

La castración química debería considerarse más como una medida de seguridad, que como un castigo. Este método ha probado su eficacia en países europeos y México puede adoptarla para inhibir ciertos delitos, principalmente los sexuales, afirmó el académico de la Facultad de Derecho (FD) de la UNAM, Pablo Sergio Rebollo Munguía.

De acuerdo con cifras de las procuradurías General de la República y General de Justicia del Distrito Federal, cada hora se comete una violación.

La violencia, en el caso del abuso y de los delitos sexuales, explicó el especialista, tiene un fuerte componente hormonal que, a su vez interviene en la agresión. “Ésta es conducida directamente en el cerebro”.

Por tal motivo, Rebollo Munguía –también médico cirujano–, señaló que la propuesta es reducir esa conducta al disminuir la cantidad de testosterona en la sangre, con fármacos conocidos genéricamente como antiandrógenos.

Desde 1993, se han utilizado en Suecia con buenos resultados, específicamente contra los delincuentes acusados de delitos sexuales, aclaró. Son medicamentos básicos que compiten con la testosterona y se han empleado largo tiempo como el Depo-Povera, para el tratamiento del cáncer de próstata y testículo, además de servir como anticonceptivo.

Ha sido tan significativo el impacto de los antiandrógenos en ese país escandinavo, puntualizó, que las personas sometidas a medicación han mostrado reincidencia en sólo el cinco por ciento de los casos, en marcada diferencia con el 70 por ciento de quienes no han llevado este procedimiento.

Sin embargo, el académico de la FD destacó que no se puede abordar de manera aislada este problema y dijo que el factor psicológico es esencial. “Es necesario que una serie de disciplinas intervengan en el estudio y tratamiento de quienes están sujetos a este método”.

En muchas ocasiones, el abuso de poder es el factor más importante en la violación, el sujeto quiere imponerle a la víctima un sentimiento de poderío y sometimiento a través de la violencia, apuntó el también secretario de acuerdos del Tribunal de los Contencioso Administrativo del Distrito Federal.

Hoy día existen dos propuestas para implementar la castración química, una en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, y otra, en el gobierno de Chihuahua. En ambos casos, los gobiernos la pretenden adoptar como pena, y opinó que “así”, no podría funcionar.

La idea principal es que mientras el involucrado esté sujeto a una medida de seguridad, no se le recluya, resaltó Rebollo Munguía.

El tratamiento se divide en diferentes etapas y debe durar al menos cuatro años, “en los que la persona se encuentre en un estado de libertad condicional”.

Sin embargo, aclaró que a pesar de que el inculpado puede gozar de ese beneficio al estar bajo tratamiento, en el momento que no cumpla con las restricciones y medidas que el juez imponga, inmediatamente perdería esta condición y sería puesto tras las rejas.

Si bien hay quienes deben estar recluidos para proteger a la sociedad, detalló que “la cárcel ha demostrado su ineficacia para determinados delincuentes”, como los violadores.

El especialista en derecho y medicina, recordó que aplicar la castración química que es “un tema candente y actual”. En Francia, este año terminan proceso 48 sujetos que voluntariamente decidieron someterse a medicación, los primeros resultados son halagüeños, y podría ser momento para que el país adopte este tipo de medidas.

Una de las razones para que en México este procedimiento deje de verse como una pena, radica en que aún no se analizan ni estudian las medidas de seguridad. Además, concluyó, son vistas con renuencia por los jueces y el Poder Legislativo.

Créditos: DGCS Universidad Nacional Autónoma de México (www.unam.mx)

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